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1. Presentación
Sin perjuicio de lo anterior, existen otros ámbitos
relativos a esta prestación en los que también hay que
actuar, resultando imprescindible para ello que las
Mutuas alcancen acuerdos con los Servicios Públicos de
Salud y con las Entidades Gestoras para que las Mutuas
puedan actuar sobre los trabajadores enfermos para
dar una asistencia sanitaria más rápida con el fin de
recuperar debidamente su salud en el menor tiempo
posible, ayudando a su vez a reducir la carga asistencial
en la Sanidad Pública, así como para suprimir la carga
de burocracia administrativa en muchos procesos, que
a todas luces se puede mejorar.
Asimismo, como empresarios debemos replantearnos
seriamente nuestra posición en materia de negociación
colectiva, tratando de alcanzar acuerdos con los
sindicatos orientados a suprimir los complementos
y mejoras de los convenios, así como para proponer
la correspondiente reforma por la que el coste de la
prestación económica entre el día 4 y el 15 deje de correr
a nuestro cargo, todo ello con el fin de desincentivar que
se inicien procesos injustificados.
Sin duda estas medidas de mejora de gestión
administrativa y de asistencia sanitaria, así como
eventuales acuerdos en el sentido indicado, o soluciones
más o menos imaginativas, como la posibilidad de
que los trabajadores elijan libremente si quieren que
una Contingencia Común sea tratada por la Sanidad
Pública o por su Mutua colaboradora con la Seguridad
Social, podrían ayudar a reducir el coste del absentismo,
respetando fielmente los derechos de los trabajadores,
aumentando la competitividad de nuestras empresas y
mejorando las cuentas de la Seguridad Social.
Pero, lamentablemente, ni siquiera con la materialización
de dichas medidas podríamos sufragar el enorme déficit
que se deriva de la gestión de esta prestación. La cifra
es alarmante. En 2017 las Mutuas han tenido a nivel
Sectorial un déficit de 462 millones de euros, derivado
de la gestión de las Contingencias Comunes.
Este déficit no se puede atribuir a la gestión de las
Mutuas que, por otro lado, es excelente. No hay duda
alguna de que las Mutuas realizan una gestión del dinero
público con una eficiencia muy superior a la de cualquier
Administración Pública. Ello es así por una razón muy
sencilla, sabemos que el origen de ese dinero público
son las cotizaciones sociales que corren principalmente a
cargo de nuestras empresas asociadas, y evidentemente
las Mutuas actuamos bajo técnicas de gestión propias de
la esfera privada, mucho más eficaces y eficientes, que las
utilizadas en el ámbito público.
Este déficit al que me refiero, se debe a las pocas
facultades de las que disponen las Mutuas para el control
y seguimiento de esta prestación. Dicho déficit se debe
a la carga asistencial de los Servicios Públicos de Salud
y a las absurdas reticencias para que las Mutuas presten
asistencia sanitaria en estas Contingencias, lo que
evidentemente va en perjuicio de los trabajadores.
Este déficit se debe al exceso de burocracia
administrativa con la que se tramitan los procesos.
Y también, por qué no decirlo, este déficit se debe
al uso abusivo por parte de determinado número
de trabajadores, que actúan con absoluta falta de
solidaridad para con el resto de sus compañeros,
cuestión de justicia social que sin duda ha de resolverse.
Si a estas causas se le suma que en 2011 la
Administración de Seguridad Social redujo el importe de
la fracción de cuota que recibían las Mutuas para hacer
frente a la prestación económica de las Contingencias
Comunes en un 20%, el desastre es absoluto.
Ya se está poniendo en una situación crítica a algunas
Mutuas, y comprometiendo, a futuro, a la mayoría de ellas.
Y si se pone en peligro a las Mutuas, se está poniendo
en peligro al paradigma de la colaboración público-
privada en España, como agentes estratégicos para la
óptima recuperación de la salud de los trabajadores, la
competitividad empresarial, el desarrollo económico
y para la creación de empleo como mejor sistema de
protección social.