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1.1 Carta del Presidente
Con vistas al futuro, como cuestiones esenciales a
solventar con urgencia, además de la ya mencionada
falta de seguridad jurídica, resulta obligado plantear
las siguientes:
• La primera, el escandaloso déficit derivado de la
gestión de la prestación económica de Incapacidad
Temporal por Contingencias Comunes, que
arrastramos como Sector desde el año 2015. El
resultado para 2018 asciende a más de 747 millones
de euros de déficit, y la previsión de cierre del
ejercicio 2019 que acaba de realizar el Sector, sitúa
las necesidades financieras en aproximadamente
1.400 millones de euros.
Ya se está poniendo en una situación crítica a
algunas Mutuas, y comprometiendo, a futuro,
a la mayoría de ellas. Y si se pone en peligro
a las Mutuas, se está poniendo en peligro la
colaboración público-privada en España.
Por ello, resulta urgente conseguir que se
incremente la financiación destinada a la gestión
de la prestación a los niveles existentes a principios
de 2011.
Las cifras son tan alarmantes que, en este ámbito,
hay que destacar y reconocer que la Administración
de Seguridad Social, consciente de la problemática,
ha previsto en la Orden anual de Cotización, un
segundo mecanismo de financiación adicional de
esta prestación, en favor de las Mutuas.
En este sentido, la prudencia aconseja cautela a
expensas de su aplicación real en este ejercicio de
2019, toda vez que dicha financiación adicional
puede resultar nuevamente insuficiente, si no
para todo el Sector, sí al menos para unas cuantas
Mutuas.
En Contingencias Comunes seguimos sin las más
mínimas herramientas de gestión que permitan
atenuar sus efectos perniciosos. Por ello, seguimos
reclamando que las Mutuas podamos dar el alta
médica, al menos en patologías traumatológicas.
Con esta finalidad, contando con las Organizaciones
Empresariales y Sindicales, atendiendo a lo previsto
en el apartado IV del Anexo del IV Acuerdo para
el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-
2020, relativo al absentismo, se debería crear un
“Observatorio sobre esta materia”, para realizar
pruebas piloto, con el fin de mejorar todas las
situaciones de absentismo no deseado.
En contingencias comunes también necesitamos el
máximo compromiso y ayuda de los Empresarios,
para que en la negociación colectiva traten de
eliminar complementos y mejoras que existen en la
actualidad y que pueden estar incentivando el uso
indebido de esta prestación.
En relación con lo anterior, los empresarios no
hemos de perder de vista que en cualquier
momento la Administración de Seguridad Social,
habida cuenta de sus necesidades financieras,
podría llegar a reducir los porcentajes que se
aplican sobre la base reguladora, para calcular la
prestación económica a cargo de las Mutuas y de la
Seguridad Social, con el fin de reducir su importe,
e incrementando implícitamente la cuantía de la
prestación a sufragar por las Empresas. Es decir,
mayores costes directos.
• La segunda cuestión a tener en cuenta, es la
actuación de la Dirección Especial de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. Las Mutuas estamos
controladas y fiscalizadas por la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, por la
Intervención General de la Seguridad Social, por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por el
Tribunal de Cuentas.
Sin perjuicio de lo anterior, FREMAP nunca ha
mostrado rechazo alguno a este amplio control, y
tenemos claro que “el que la haga, que la pague”.
La naturaleza privada de las Mutuas es
incuestionable, igual que lo es su naturaleza
asociativa, ya que de otra manera estas
Instituciones dejarían de ser lo que son.